Vistazos al Perú

Lima, elecciones municipales 2014

Debo confesar que he votado por la lista de Susana Villarán –eso sí, a regañadientes.

Tomando muchos taxis durante dos semanas he constatado una infrecuente casi unanimidad de sus conductores: Susana honesta, con buenas intenciones, pero inepta. Algunos agregaban, con planes positivos. Todo indica que esa percepción popular es correcta.

Yo había activado por medio de Internet contra la revocatoria, por considerarla perversa, y con la esperanza de que Susana aprendiera de la experiencia. Recuerdo y mantengo el respeto expresado entonces por su integridad, su autenticidad, su ética de trabajo y su dedicación al gobierno municipal así como su contagioso optimismo. Pero eso no basta.

Hay quienes explican su debacle electoral por la implacable campaña de la derecha. Aparte de que no existe “la derecha”, sino un abanico de posiciones fuera de “la izquierda” –así como en su seno-, siendo real la campaña adversa, el abultado marcador en contra se debe principalmente a autogoles. No reconocerlo es un serio lastre para su futuro político y el de quienes la rodean.

Efectivamente, para bien, ella y su entorno lograron después de la fallida revocatoria elevar la mira hacia proyectos ambiciosos importantes para nuestra metrópoli, pero ella no corrigió vicios fundamentales de su actuar, la soberbia y, en particular, el amiguismo, fatales tanto en empresas como en política, que, en lo técnico-político, la hicieron escoger su entorno cercano ejecutivo por su grado de amistad con ella y no por su capacidad. Esa actitud incluyó desdeñar, como me consta, el apoyo gratuito, desinteresado – es decir interesado en el mejor desarrollo de nuestro hábitat y en una política decente-, de muy destacados profesionales, o desoír sus consejos.

Y, en el plano específicamente político, aprendió la necesidad de ampliar alianzas hacia el Centro político (los centros), pero el amiguismo la llevó a incluir a la muy cuestionada Pilar Freitas en su lista, con el agravante de aliarse así con el toledismo en momentos en que éste está en descomposición ante las evidencias de fraude e incoherencias de su máximo dirigente.

Sus numerosos autogoles respecto de iniciativas en principio positivas incluyen la implementación del corredor azul sin los alimentadores y con restricciones a otras empresas, lo que causó caos y provocó muy serios inconvenientes y disgustos a muchas personas, en especial a las del Rímac; la desastrosa primera intervención en La Parada, sin su propia presencia en Lima, y la implementación del nuevo Mercado Mayorista con una selección inadecuada de mayoristas y sin abordar temas como el de servicios tan indispensables como la refrigeración; el cierre simultáneo de todas las subidas desde la Costanera entre el límite de Magdalena y San Isidro y Barranco. Me resulta también incomprensible su entusiasta apoyo a la construcción inmediata de la, en el largo plazo, positiva línea 2 del Metro, cuando lo más urgente para nuestra gran ciudad es la implementación pronta de todas las líneas del Metropolitano, a un cuarto de lo presupuestado para esa línea 2 (que seguramente será solo una parte de su costo final).

Lamentablemente los grandes traspiés han opacado además muchas iniciativas positivas menores, en especial en el campo cultural y en la relación con el comercio informal, pero también en infraestructura urbana.

Ha sido contraproducente su obsesión con atacar a Castañeda en vez de dedicar ese precioso tiempo a explicar sus planes y lo ya avanzado en ellos –a diferencia de lo que demuestra el fulgurante ascenso de Enrique Cornejo después del segundo debate.

Comento que en una reunión de compañeros de colegio el único defensor de Susana fue el políticamente más derechista, valorando su coraje para afrontar problemas difíciles (lo que comparto), debiendo romper huevos para hacer la tortilla (lo que es cierto). Eso es necesario, pero hay que cuidar que no caigan en ella todas las cáscaras en pedacitos y la hagan incomible e indigesta.

No es casual que la gestión de Susana haya tenido más apoyo en los sectores A y B, además de una parte de E –en esta caso por la meritoria construcción de muchas escaleras (que ni siquiera son mencionadas en su reiterada propaganda a toda página en La República, en la que figuran otras once iniciativas).

¿Por qué entonces voté por la lista de Susana?

Como, supongo, muchas personas del resto de ese escuálido ni siquiera 10% y tercer lugar -un desastre para alguien que busca la reelección-, no detecté una alternativa menos mala y creo que el país necesita una fuerza política significativa que se considera de izquierda; además recuerdo mi propio origen político y siento afinidad con muchas de las personas de ese campo (aunque también con muchas de otros campos políticos). Y me siento ahora más libre de expresar mis críticas –post elecciones, para no debilitar aún más su campaña.

Tengo la esperanza, ojalá fundada, de que algunos de los concejales elegidos contribuyan a generar un contrapeso que limite la discrecionalidad del nuevo alcalde y de su mayoría y dificulte actos de corrupción. Y que quizá surjan desde la izquierda personas con mayor perspectiva política y capacidad de gestión.

Nueva ley universitaria

La nueva ley universitaria, aprobada por el Congreso peruano, es un tema complicado.

Aunque he dejado la docencia universitaria –en economía política- hace décadas y son lejanos los tiempos de mi condición de alto dirigente estudiantil, esas experiencias obviamente influyen en mi posición, de la cual transmito algunas pinceladas.

La ley me recuerda la reforma de Córdoba de 1918, punto de origen de un amplio movimiento de democratización de la vida académica en las universidades latinoamericanas, que nos siguió inspirando en la década del 60. Habíamos logrado en el Perú en1960, bajo el segundo gobierno democrático de Manuel Prado, la varias veces suprimida autonomía universitaria, el cogobierno en la modalidad de tercio estudiantil, el compromiso de investigación y extensión universitaria, el ingreso de profesores por concurso y su ratificación periódica, el reconocimiento de los centros y federaciones estudiantiles, y un alto grado de libertad de cátedra, dentro de parámetros dados por sílabus compartidos. Entendíamos que no era aplicable la demanda de ingreso irrestricto de quien quisiera estudiar en una universidad.

En tanto dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria -La Molina, fui quizá el principal responsable de una lucha por mantener un artículo del estatuto cuya modificación rebajaba a mayoría absoluta el requisito de dos tercios de la votación de un consejo para ratificar a un profesor. Después de semanas, una huelga general, indefinida y total, con respaldo de todas las fuerzas políticas –los mayoritarios populistas y socialcristianos, el todavía unido Movimiento de Unidad Estudiantil, de izquierda, y un pequeño grupo de apristas –, y aprobación por voto secreto universal casi unánime del conjunto del estudiantado para su declaración y su mantención, nos llevó al receso de un semestre, pero también posteriormente a la aprobación de un avanzado sistema de evaluación docente con participación estudiantil.

En retrospectiva me parece que las autoridades tenían razón en ese cambio, que daba al tercio estudiantil casi un poder de veto, bastando que actuara unido y que al menos un profesor coincidiera con su posición. Mi perspectiva era la de una dirigencia estudiantil, si bien de izquierda radical, interesada en la calidad de la Universidad y respetuosa de la libertad de cátedra, independientemente de la orientación ideológica o política del profesor; pero lo cierto es que gran parte del movimiento estudiantil nacional fue ganado por posiciones políticas sectarias, tanto de izquierda como apristas, muchas veces coludidas con catedráticos de su posición para aprovechamiento político o incluso personal. En su momento, aunque las respetábamos, no supimos valorar la calidad de la dirección de nuestra universidad, que la había convertido de buena, pero limitada, Escuela Nacional de Agricultura en una de las dos mejores universidades agrarias de Latinoamérica.

Volviendo a la nueva ley, paradójicamente se anuncia una política nacional de educación superior, que debería haber sido previa. También una nueva ley para institutos tecnológicos, seguramente necesaria, considerando que estarían sobrerregulados, aunque sospecho que más bien mal regulados.

Es cierto que nuestro sistema de universidades, tanto públicas como privadas, con meritorias excepciones, es en gran parte muy malo –y también lo es el de los institutos. Es para muchos la mejor manera de hacer dinero rápido, al menor riesgo, o de asegurarse una sinecura. Hace tiempo era urgente abordarlo. En ese sentido hay que felicitar al congresista Mora y al ministro Saavedra por su elaboración, y a la mayoría del Congreso por su aprobación, a partir de la noción de la educación como servicio público esencial, a cargo tanto del Estado como de privados, pero adecuadamente regulado.

Gran parte de la resistencia se debe a intereses económicos, tanto de propietarios como de una parte del profesorado, que incluye argollas, además de intereses políticos partidarios, en parte secundados por sectores estudiantiles. Pero también hay objeciones serias a diversos aspectos. Tengo la leve esperanza –ojalá que León Trahtemberg no tenga razón en su pesimismo, siempre bien fundado- de que se logre algunos avances, especialmente si se aplica bien la idea de universidades piloto.

Ninguna ley por sí sola puede cambiar la universidad para bien, pero, si no es asfixiante, puede promoverlo o al menos facilitarlo.

Es importante que, junto con reglas comunes claras y estándares básicos para todos, sea respetada la autonomía universitaria, de modo que se busque no imponer resultados –lo que es a la larga contraproducente-, sino poner frenos a las malas personas y políticas, y estimular las positivas, sabiendo que la mejora del sistema universitario es forzosamente un proceso largo.

La Asamblea Nacional de Rectores efectivamente no ha estado a la altura de sus tareas, por decirlo suavemente. Al calificar el presidente de la ANR a la ley como chavista, pro senderista y engendro monstruoso, se está descalificando a sí mismo y a la institución que representa.

Aunque no tan patético, el rechazo a la ley de una parte de la directiva de la FEP no se caracteriza por mucha argumentación.

Pero no deja de preocupar que la necesaria nueva Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU), no tenga un status autónomo semejante al del BCR, y que el representante del Minedu lo presida y sea ejecutivo. Aún en el supuesto de que los demás miembros sean idóneos y tengan estabilidad, para lo que no hay ninguna garantía, lo esperable es que el que preside y esté a cargo de su ejecución sea en la práctica el que mande, por su modo de acción respecto de lo acordado o por omisión. Ojalá la designación, por concurso, de cinco de sus integrantes, a cargo de un Consejo Nacional de Educación, resulte seria, y que la podamos usar como ejemplo de sistema de selección para todos los cargos ejecutivos importantes de todos los sectores. No basta que sean personas de muchos méritos, tienen que tener una visión moderna de la universidad y experiencia de gestión universitaria que les facilite ser realistas.

Probablemente lo más importante será la obligación de mayor transparencia, con publicación de la normatividad, de los sueldos y estados financieros, así como de las actas de los organismos de gobierno, y un mejor control, de parte de la Contraloría, ojalá autónoma y fortalecida, a todo gasto de dineros públicos de cualquier fuente –en esto, mejor significa serio y bien orientado, no castrador.

En la situación actual de nuestro sistema universitario y de nuestro Estado la mejor solución práctica parece ser una acreditación internacional de universidades y facultades, a pesar de sus defectos, complementaria de la acreditación nacional – solo voluntaria- que está sujeta a mayor discrecionalidad, y que por supuesto tiene que ser reorganizada.

Me parece una ilusión pensar que cualquier maestría y cualquier doctorado significan una mayor calidad docente o capacidad de dirección, e inadecuado que se excluya de la enseñanza de pregrado a muchos profesionales capaces que no creyeron importante o no pudieron acceder a una maestría –que a muchos otros les ha venido casi de regalo –claro que pagado. La Ley permite ser profesores extraordinarios a profesionales destacados en su profesión, con al menos 15 años de experiencia, algo positivo, pero solo aplicable a una minoría. A todos les hace bien llevar al menos un curso de pedagogía.

La elección de las autoridades por voto universal de docentes y estudiantes suena muy democrática, pero puede fácilmente resultar peor que un sistema basado en representantes de estamentos y facultades. Me imagino que está pensada para facilitar el desalojo de autoridades enquistadas en sus cargos, para lo cual podría haber sido una medida transitoria, porque, como dice Luis Bustamante, una ley es para el largo plazo. También es discutible, a la larga, el peso de la representación estudiantil en el cogobierno, que, como principio, sí debe ser mantenido.

La exigencia de que los dirigentes universitarios sean del tercio superior es aparentemente positiva, pero se presta a manipulación de las calificaciones para eliminar a candidatos incómodos para algunos profesores.

Es positivo que nos midamos por estándares internacionales, bien escogidos. Es adecuado exigir un conocimiento (que debería ser más que básico) del inglés o de otro idioma extranjero, y aprecio que se valore nuestros idiomas indígenas.

Ojalá un positivo vicerrectorado de investigación sea acompañado de recursos para potenciarlo.

Dado el deterioro de la calidad de la enseñanza es razonable la eliminación del bachillerato automático.

Debiera darse el impulso y apoyo mayor posible a intercambios universitarios, de nuestros estudiantes al exterior y de estudiantes extranjeros al Perú, así como de docentes e investigadores, como factor de enriquecimiento recíproco.

Parece que, salvo en el caso de las peores universidades, es razonable pensar en el cierre de carreras antes que de toda la universidad, y que se plantee mecanismos de traspaso de estudiantes, que tendrán que ser muy bien pensados. Y dado el abuso de esa figura, parecerazonable acabar con la proliferación de filiales o anexos.

Considero desafortunado impedir a los estudiantes cambiarse de universidad, por el motivo que fuere –económico, cambio de residencia, cambio de valoración, cambio de carrera.

Parece poco realista la adecuación de infraestructura en un año.

Coincidiendo con lo señalado por Gonzalo Portocarrero, por cierto los problemas de la Universidad comienzan desde la primera infancia, en el hogar y por ausencia o mala orientación de las instituciones para parvularios, y en un sistema escolar en que la mayoría de los niños, niñas y jóvenes ven poco estimuladas o incluso ahogadas su curiosidad, su interés por la lectura, su capacidad de razonamiento y abstracción, y su creatividad; todo ello en el marco de un sistema económico y social que estimula el consumismo, el facilismo y el rentismo a costa del Estado –aunque con algunas tendencias contrarias, más bien desde segmentos intelectuales y del sector privado de pequeña escala. Todo esto se expresa en la dificultad de la mayoría de estudiantes en hacer tesis (serias) para obtener su título profesional.

De todos modos dependerá de miles de acciones individuales y colectivas de las personas más capaces de cada universidad, docentes, estudiantes, graduados y empleados, que la ley pueda ayudar a una real mejora de nuestro sistema universitario.

Vistazo al Perú, julio 2014 (7)

Más luces

Que en nuestro Estado hay también personas valiosas y con alguna experiencia, en varias altas responsabilidades, y segmentos que funcionan en general con mucha eficiencia, lo nota, por ejemplo, cualquier viajero internacional con la Policía de Inmigraciones, por la facilidad –y rapidez- para obtener o renovar pasaporte y para realizar los trámites migratorios en el aeropuerto.

Hasta la temible SUNAT viene mejorando algunos procedimientos de fiscalización tributaria y de aduanas –haciéndolos menos hostiles.

También es parte, aunque marginal, de nuestro Estado una entidad como Agrobanco, que, en dos años de acertada gestión de Hugo Wiener, ha logrado eficiencia y reconocimiento. Lo han cesado repentina- e inexplicablemente, quién sabe por qué presiones económicas o políticas.

Cabe subrayar la vigencia plena de la libertad de expresión y de organización, mal aprovechadas.

Aunque la mayor parte de la opinión pública está más bien a merced de órganos de prensa y televisión claramente no enfocados en elevar el estándar político –y ético, es positiva, también en algunos de esos órganos, la cantidad de analistas políticos sensatos y atinados, que nos ayudan a orientarnos. Me resultan especialmente refrescantes Richard Webb y Rolando Arellano, por una mirada profunda, diferente a la de la mayoría de los analistas que estimo. Ante la excesiva concentración de la prensa escrita en un conglomerado periodístico –independientemente de la posición que tenga-, sería fundamental, además de posibles medidas desde el Estado, la creación de al menos un diario alternativo serio, de información imparcial y pedagogía política. Su ausencia la suplen en parte los muchos órganos digitales, de orientaciones y temáticas variadas, también en provincias, no solo en grandes ciudades sino también en muchas de pequeña escala, algo notable. Y, en cierto sentido, el control social de infinidad de personas en todo el país, crecientemente también en zonas rurales, con cámaras, información e interconexión.

No necesito recordarle a nadie lo que está significando la gastronomía, con Gastón Acurio y muchos otros, para nuestra alicaída autoestima y para la marca Perú en los mercados internacionales, su contribución a ampliar nuestras miras respecto de la conservación de la biodiversidad y la mejora de la nutrición, y lo mucho que aporta a generar oportunidades en todos los sectores relacionados, en especial para el segmento de agricultura orgánica.

Esto es posible también gracias al esfuerzo de ONGs promotoras de la agroecología, agrupadas, desde hace un cuarto de siglo, junto con personas individuales, en la Red de Agricultura Ecológica del Perú, RAE. Y gracias al tesón de los productores agrupados en la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, ANPE.

La feria anual Mistura, organizada por la Sociedad Peruana de Gastronomía, APEGA, probablemente la mayor de Latinoamérica en su género –que prepara su sétima edición- es una gran iniciativa. Incluye un encuentro gastronómico internacional. Permite la interrelación de chefs y cocineros de grandes y pequeños restaurantes de todo el país, con productores agrícolas, principalmente agroecológicos, y con cientos de miles de consumidores, y es un gran acontecimiento de ampliación de horizontes, de aprendizaje en negocios gastronómicos, y en nutrición, de poderoso estímulo a la innovación, de inducción del turismo gastronómico, y de recreación, también con espectáculos.

Tiene su correlato en el lento crecimiento de las ferias ecológicas locales -en contra muchas veces de miopías municipales y cambios en sus funcionarios.

Como otros tipos de actividad, menciono el festival anual del cajón peruano, con más de mil cajoneadores en la Plaza de Armas, el festival de cine internacional, del Centro Cultural de la PUCP, una vida teatral intensa, etc.

Todo esto es ejemplo además de continuidad desde el sector privado que se extraña en los proyectos del Estado.

Y, aunque es responsabilidad de una empresa alemana, LAP, pero con personal peruano, destaco el en general buen funcionamiento del aeropuerto Jorge Chávez, considerado el mejor de Sudamérica ya por cinco años consecutivos.

Finalmente incluyo los catorce leones obtenidos por nuestros publicistas en su evento internacional en Cannes, lo que nos coloca en el ránking de los diez países más premiados del mundo. Esto contribuye a la afirmación de la marca Perú en todos los campos y es un estímulo para elevar también los estándares éticos de la poderosa publicidad.

Subrayo que no se trata de un análisis exhaustivo sino de ejemplos de lo que percibo como tendencias positivas, aún débiles, pero ya no marginales, y fortaleciéndose.

Como dice Gastón, sigamos dando batalla por nuestro Perú, soñando en grande, y, como él, con los pies en tierra.

Vistazo al Perú, julio 2014 (6)

El Estado, sus sombras y sus luces (b)

La crisis de la regionalización, mal concebida y mal ejecutada, ha pasado a un primer plano de la opinión pública gracias a la -lamentablemente excepcional- intervención combinada de la Procuraduría, algunas fiscalías valientes, algunos grupos policiales especializados (aún) no infiltrados y una unidad de la Contraloría- hasta con encarcelamiento de presidentes regionales. Esto ha evidenciado la punta de un enorme iceberg de ineficiencia, corrupción y clientelismo estimulado por el Estado central tanto por omisión como por la transferencia, hace lustros, sin control adecuado, de atribuciones y recursos que exceden en general las capacidades incluso de autoridades bien intencionadas y serias, en el contexto de debilidad de élites regionales así como de escasa presencia organizada de partidos nacionales. Esto vale también para muchas municipalidades.

Pero, aunque parecen predominar las autoridades regionales y municipales muy negativas, algunas destacan por honestidad e iniciativas positivas, como deduzco, por ejemplo, de la experiencia de la ONG Centro Ideas, de la que he vuelto a ser directivo y de noticias en la prensa.

Para ello parece ser un buen termómetro, y a la vez estímulo, el premio anual para buenas prácticas en gestión pública, desde el Estado o desde entidades privadas, ya en su décima edición. Es otorgado por la alianza entre la ONG Ciudadanos al día, la Defensoría del Pueblo, la Universidad del Pacífico y el diario El Comercio, en un amplio abanico de temas de gestión, tanto estatal como privada. Es interesante que al parecer premien a todos los que superan determinado puntaje, a tal punto que el de Servicio al ciudadano en entidades públicas haya sido otorgado a 32 entidades, y el de Inclusión social y el de Sistemas de gestión interna a 24, versus uno solo en Servicio de atención al ciudadano en empresas privadas que administran bienes públicos y en Predictibilidad de los procesos regulatorios, y solo 3 en Eficiencia de adquisiciones y contrataciones así como en Seguridad vial y transporte sostenible. Esto indica claramente donde cojean más tanto nuestro sistema público como las empresas privadas.

Los demás premios han ido a Consulta y participación ciudadana (12), Cooperación Público – Privada (10), Educación (18), Fiscalización y cumplimiento de la ley (7), Gestión ambiental efectiva (12), Incidencia pública (9), Inclusión social (24), Nutrición materno-infantil (6), Promoción de la cultura e identidad (13), Promoción del desarrollo económico (11), Relación con la prensa (6), Seguridad ciudadana (10), Servicio de atención al ciudadano (32), Simplificación de trámites (14), Sistemas de gestión interna (24) y Transparencia y acceso a la información (18).

Entre sus ganadores figuran principalmente municipalidades, entidades y programas de promoción del Gobierno central, y superintendencias, y algunas entidades de salud, empresas mineras, bancos, otras empresas, ONGs, consulados, cortes superiores de justicia, un gobierno regional y un proyecto arqueológico.

Ciudadanos al día (CAD), a quienes no conozco, que se define como auditora social, produce además un ránking de la calidad del servicio público, comparte experiencias en entidades públicas, impulsa a periodistas como agentes de cambio social, informa y contribuye a espacios de discusión y generación de consensos.

Al margen de cuán acertada sea su decisión y cuán efectiva su acción en cada caso, expresan preocupaciones correctas, ausentes de la escena pública hace no mucho tiempo. Y también la lenta mejora de actitudes empresariales hacia el desarrollo y la responsabilidad social.

La PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y el programa Sierra Exportadora han designado como ganadores de su segundo premio anual Alcalde Productivo, en cinco temas, a los alcaldes de las municipalidades más exitosas con relación al desarrollo local: en inversión y comercio, Concepción – Junín; Alianzas público-privadas, Ocobamba – Cusco; Políticas de desarrollo productivo, La Matanza – Piura; Clúster, Villa Rica – Pasco; Buenas prácticas - Ite – Tacna. El premio incluye una pasantía de dos semanas a Francia.

Vistazo al Perú, julio 2014 (5)

El Estado, sus sombras y sus luces (a)

Es evidente que tenemos demasiado Estado en cuanto lo que realmente aporta a un mejor funcionamiento de nuestra sociedad, pero también demasiado poco Estado con relación a tareas importantes que no aborda o hace mal. En otras palabras, sobra Estado de mala calidad y falta Estado de buena calidad.

Eso no lo obtendremos por alguna ley milagrosa y en un corto plazo, pero debemos aspirar a lograrlo progresivamente, a partir de una voluntad política en ese sentido y de una política de Estado que lleve a reformas profundas y sostenidas que lo vayan revolucionando para bien. Eso requiere partidos políticos que lo asuman y una revaloración del servicio público de parte de las personas de mayores calificaciones así como respeto por la continuidad de los programas del Estado y de los funcionarios capaces en todos los puestos de dirección. Algo por ahora tan utópico como indispensable. Por lo tanto, requiere que la sociedad civil vaya evolucionando positivamente, lo exija y esté dispuesta a apoyarlo. Y eso está dándose poco a poco.

A pesar de enormes deficiencias, algo de eso tenemos en nuestros ministerios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, en algunas entidades como el Banco Central de Reserva, superintendencias y Defensoría del Pueblo, y en varios otros segmentos del aparato estatal. También en algunos promisorios desarrollos en nuestra sociedad.

La Ley Servir, del Servicio Civil, de 2013, que empieza a ponerse en práctica, parece corresponder en cierto grado a ese objetivo, a través de la mejora del nivel de los funcionarios públicos y de los mecanismos de acceso y promoción. No puedo pronunciarme sobre sus carácterísticas.

La mala calidad del Estado central, a pesar de algunos ministros y muchos funcionarios bien intencionados y con cierta capacidad, se siente y percibe más en tres sectores claves.

La salud y la educación públicas parecen seguir en un proceso de continuo deterioro, frente a sus vertientes privadas más interesadas en ganancias rápidas que en brindar un servicio de calidad (claro que con excepciones). La situación de seguridad sigue empeorando y hay el riesgo real de llegar a tener un Estado mafioso.

Un símbolo de ese proceso de corrupción institucional, con enormes ramificaciones, parece ser Rodolfo Orellana, a la vez que evidencia de que todavía hay fuerzas capaces de ofrecer una resistencia efectiva. Hay un movimiento anticorrupción fuera, pero también dentro del Estado, débil, pero notable, con apoyo –selectivo- de algunos órganos de prensa, que hace concebible que podamos contener y quizá hacer retroceder a ese cáncer que nos corroe.

En el caso de la seguridad es inexplicable –en realidad muy explicable por ineficiencia, dejadez y corrupción- que en muchas comisarías haya condiciones materiales insuficientes o deplorables, que se vayan generalizando y agravando los casos de extorsión a empresarios, simplemente con amenazas o a cambio de la protección que la policía no les puede ofrecer, y se multipliquen policías cómplices de bandas criminales y hasta sicarios, por poner solo tres ejemplos, también ampliamente representados en Lima.

La Municipalidad de Lima Metropolitana tiene algunos planes positivos, ambiciosos, pero corren el riesgo de no ser llevados a cabo por la falta de una política amplia de concertación entre todas o la mayoría de fuerzas políticas. Y las próximas elecciones ofrecen la perspectiva desoladora de tener que escoger un mal menor, cuando sería de esperar que también en la capital comenzara una tendencia a la regeneración de la política también en el plano electoral.

Vistazo al Perú, julio 2014 (4)

Seguridad ciudadana

No parece haber sido adecuado el cambio del ministro del Interior, Walter Albán, por lo menos honesto y con planes concretos positivos. Su reemplazo por el general retirado Urresti, del Ejército, increíblemente -en realidad muy creíblemente-, se debería a haber resultado incómodo a la minería ilegal –nefasta, grande y poderosa, en la selva de Madre de Dios-, que ha amenazado con dar a conocer su financiamiento a partidos, también del Gobierno. Su acción como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, importantísimo por su título, la había reducido a hostigar a la minería ilegal de esa región y a dinamitar parte de su maquinaria, algo positivo, pero con bombos y platillos que -como señaló Fernando Rospigliosi-, ocultaban la negligencia de todas sus demás responsabilidades.

Esto hace temer que la fanfarria inicial, desautorizadora de todos los ministros que lo antecedieron, pueda obviar lo más importante, la lucha contra la corrupción en la policía y el fin del sistema 24x24 –previsto para julio-, para lograr la dedicación exclusiva de los policías. El sistema 24 horas de servicio por 24 de franco, muy mal pagadas, reduce la disponibilidad real de efectivos y, junto con sus bajos sueldos, los induce a ocupar su descanso en empleos como seguridad para empresas y personas. Carlos Basombrío percibe una mezcla de ingenuidad y soberbia –si se supone la mejor voluntad.

Teniendo un juicio pendiente por el asesinato de un periodista en Ayacucho, aunque vale la presunción de inocencia como individuo, no es una situación adecuada para un alto funcionario público, más aún en esa cartera. Pero no sé si es atinado defenestrarlo ahora, cuando al menos ha hecho reconocimiento oficial de la criminalidad común, ha asumido liderazgo y evidenciado sentido común, como señaló Gino Costa ante su investidura, y el proceso judicial puede esperar hasta que salga del cargo –seguramente al cumplir los seis meses de duración promedio, si no ha pisado demasiados callos antes. Sus explicaciones son plausibles, claro que no sabemos si ciertas.

La lectura del pronunciamiento del Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, integrado por Basombrío, Rospigliosi, Costa y otros destacados expertos en el tema, me lleva a rectificar la opinión precedente, en el sentido de considerar insostenible su permanencia en el cargo.

Nota: A pedido de varios suscriptores, para facilitar su lectura en dispositivos móviles, estoy limitando la extensión de mis artículos –lo que aumenta su número.

Vistazo al Perú, julio 2014 (3)

Es de esperar que las medidas tomadas en la reciente legislación económica y las anunciadas faciliten también la progresiva formalización de empresas, siempre que se elimine los trámites que realmente son inútiles, absurdos o contraproducentes y favorecedores de corrupción –muchas municipalidades se llevan en eso las palmas- y se mejore los criterios y la eficacia de los encargados del cumplimiento de las exigencias positivas. Esto exige un tratamiento adecuado a quienes están avanzando en formalizarse pero aún no cumplen todas las formalidades.

Parece correcto no vincular los ingresos de las entidades de supervisión a los montos recaudados por multas, lo que favorece una dinámica perversa y, al menos, suspicacias. Supongo que la obligatoriedad de bancarización es un avance. Pero me temo que la condonación de deudas tributarias no beneficiará solo a quienes no pueden pagarlas sin riesgo de quiebra.

En principio soy partidario de una reglamentación más flexible del mercado laboral, siempre que respete de manera equilibrada los intereses de los trabajadores y de las empresas, lo que exige la mayor libertad de sindicalización y el respeto a los derechos que favorecen a los trabajadores, y que las autoridades de Trabajo efectivamente logren garantizar o al menos propiciar eso.

Personalmente destaco la continuidad en el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas – en otros países, de Hacienda), un clarísimo mal menor, así como la opción por la Alianza del Pacífico, resistiendo a la tentación de los cantos de sirena bolivarianos; una cierta apertura a lo ambiental, una buena cantidad de ministros responsables en diversas áreas, lamentablemente efímeros.

Pero también el mal desempeño del Gobierno en materia de delincuencia y corrupción, su debilidad ante presiones empresariales negativas y la inconsistencia de muchas iniciativas, por mencionar solo lo más saltante. Sospecho que Heredia, a pesar de sus defectos y ansias de poder, ha sido al menos un positivo contrapeso a las limitaciones de su esposo, en que pesa demasiado la formación militar y subyace la deformación inducida por su padre, que lo llevan a privilegiar a militares, no exentos de sospechas, y priorizar el control del Ejército como base de poder.

Considero positiva la relación con el Programa País de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económicos), de 34 países, inicialmente Canadá, Estados Unidos y Europa occidental, que en América Latina ya incluye a México y Chile, con Colombia en negociaciones y Costa Rica como próximo candidato, es decir, nuestros aliados en la Alianza del Pacífico. La invitación a ser país observador, con perspectiva de inclusión, aunque improbable de alcanzar en un plazo cercano, tiene el mérito de comenzar a medir nuestro desempeño económico y en muchos otros aspectos, particularmente educación y ambiente, con sus estándares, que, siendo discutibles, y que tienen que ser adaptados a nuestra realidad, son indudablemente una referente de comparación mayor para nuestros políticos y nuestras empresas, algo no muy potente, pero básicamente positivo. En Chile el impacto es claramente favorable.

Es muy significativa la adquisición de la mina cuprífera Las Bambas, en Apurímac, acaso la mayor inversión minera china en el mundo (después de haber adquirido otras minas grandes de menor tamaño, incluso en Cajamarca), que, junto con el incremento del intercambio comercial y el anuncio del financiamiento del ferrocarril interoceánico desde Brasil indican claramente el interés de China de asegurarse fuentes de materias primas así como sus proyecciones geoestratégicas de largo plazo, como complemento a su priorización del eje bolivariano. Lo triste es que reemplace a una compañía minera, XStrata Copper, anglo-suiza, ahora fusionada con la también anglo-suiza Glencore, con más elevados estándares de responsabilidad social y ambiental (aunque no sin defectos).

Nos conviene aprovechar el interés de China, cuidando de no caer en la tentación de un alineamiento político contra el eje EEUU-Europa, cada vez menos imperial y considerablemente más democrático e interesado en promover la democracia a nivel internacional –con lamentables traspiés por cierto.

Grafica la crisis endémica del Gobierno, salvo del MEF, y su gran disfuncionalidad, la frase del ahora ex Premier René Cornejo, recogida por Augusto Álvarez Rodrich, “Hay permanentemente un trabajo con los ministros para ver el mejor momento para que puedan dejar la cartera”, ¿para poder obsequiar con ella a otra persona? En ese trabajo sí son eficaces –aunque no para intuir su propia caída. Todo indica que el principal actor desestabilizador es la primera dama.

La destitución de Cornejo es positiva, aparte de inevitable ante el -relativamente pequeño- escándalo suscitado. Provoca dudas su reemplazo por Ana Jara, estrecha aliada de Heredia, y es claramente negativa la elección de Ana Solórzano en la presidencia del Congreso (a pesar de ser positivo que dos mujeres ocupen simultáneamente y por primera vez ambos cargos). También en Chile por primera vez una mujer, Isabel Allende (no la novelista) ocupa la presidencia del Senado.

En este caso Heredia está por ahora haciendo lo contrario de lo que le recomienda Alfredo Torres en un reciente artículo en El Comercio: para tener una menos frágil mayoría, una alianza con Keiko, ya que ambas, por su edad, pueden mirar el largo plazo en sus aspiraciones a la presidencia. El problema es, al menos, que es Keiko Fujimori, y su padre tiene una aspiración de corto plazo.

Concuerdo con Torres en que sería positivo para el país si ellas se pusieran de acuerdo al menos en dos puntos mínimos: Respecto de la regionalización, prohibir la reelección inmediata; respecto de la ley de partidos, eliminar el voto preferencial (aunque inicialmente yo lo consideraba positivo) y forzar una democracia interna, haciendo obligatorias primarias internas para la elección de candidatos, organizadas por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), con padrones del Reniec (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil) con la supervisión del JNE (Jurado Nacional de Elecciones). Menuda tarea, pero importante para nuestra democracia y para la lucha contra la corrupción.

Vistazo al Perú, julio 2014 (2)

Matizando mi algo lúgubre introducción, cuando hablo de abismo -algo que no nos espera si actuamos mejor-, nos miro en el espejo de otros países, con evoluciones diferentes, pero no imposibles de imitar -sin querer queriendo- de parte de diversos actores: la terrible espiral de violencia en partes de Centroamérica, el progresivo descalabro y polarización creciente de Venezuela, la lenta decadencia de Argentina, el autoritarismo en Ecuador, por referirme solo a nuestro continente.

Felizmente tenemos fortalezas para la resistencia y regeneración frente a los males que he señalado: Somos una sociedad que evidencia optimismo ante las adversidades, un pueblo acostumbrado a resistir grandes males y a salir adelante, sobreviviente de la insanía terrorista y la represión estatal, así como del desastre del primer gobierno de García –vivido, o escuchado de padres y abuelos, con mucho empuje e inventiva, con bastante solidaridad y sentido de comunidad, con cariño hacia la infancia y la vejez, con enorme disposición y capacidad de ahorro -entre las más altas del mundo, como nos acaba de recordar Richard Webb en un artículo en Lampadia-, no mucho en el sistema financiero, pero sí en la progresiva autoconstrucción y mejora de viviendas, así como en la capitalización de sus negocios con mercadería, máquinas y vehículos de trabajo, en las ciudades y cada vez más también en zonas rurales. Todo esto parte de la cara positiva de la informalidad total o parcial.

En Lima me llama siempre la atención la mayor amabilidad de la gente, con una elevada proporción capaz de responder una sonrisa o hacer un gesto ante una disculpa por un roce involuntario –en supermercado o en la calle- o ceder su asiento a una persona de edad. Y la frecuente atención preferencial a la Tercera Edad y mujeres embarazadas.

Nuestra capacidad de indignación y de protesta, aunque algo aletargada, está vigente, y tenemos que estimularla, orientarla y encauzarla, junto con el desarrollo de alternativas y ejemplos desde todas las esferas de actividad, como individuos, como instituciones y como colectivos, apoyando las tendencias señaladas.

Si bien tenemos mucho más leyes de lo necesario y cumplible –siendo las necesarias de mala calidad-, y un afán poco racional de tratar de resolver cosas con más leyes, hay alguna legislación reciente –necesaria-, más positiva que negativa, a pesar de graves limitaciones. Los cambios últimos más importantes son la legislación económica y la reforma universitaria, que tocaré más adelante.

El paquete de reactivación económica, que incluso corrige leyes recientes, aunque tardío, como de costumbre –ante la evidencia de una reducción de las exportaciones y una desaceleración del crecimiento, principalmente por los cambios en el mercado internacional y por la postergación de grandes inversiones (en parte también por condiciones internas)-, responde a la real necesidad de eliminar trabas contraproducentes a la inversión y al desarrollo económico –la llamada tramitología. Es cierto que a todo nivel del Estado (aunque también, en menor medida, en empresas privadas), hay normativas, exigencias, incumplimientos y maltratos que afectan no solo a los ciudadanos sino también a las empresas, e incluso a otras instancias del Estado.

Es evidente que en un país con alta fragilidad institucional una mayor desaceleración, que desemboque en una crisis económica, podría poner en riesgo mucho de lo avanzado, incluido todo el sistema mal que bien democrático y el sumamente deficiente Estado de derecho.

Lamentablemente el cambio legislativo cede también ante exigencias desde el sector privado de eliminar requisitos y procedimientos que sí son importantes para un desarrollo más sostenible, de protección efectiva del medio ambiente y de derechos de la población, con frecuencia incumplidos, sea deliberadamente -por codicia y/o desprecio clasista y racista de quienes mandan-, sea por limitaciones, errores o intereses propios de los funcionarios encargados. La empresa privada, no por serlo, ni por ser grande, ni por ser transnacional, está exenta de ineptitud e ineficacia, al menos en sus formas de miopía y de laxitud, y en muchos casos el afán de ganancias exageradas y rápidas –propio o de los accionistas- subordina todo lo demás. El alargamiento de muchos trámites se debe también a deficiencias, con frecuencia muy serias, y a veces deliberadas, en los proyectos y estudios entregados por las empresas.

Esto es especialmente evidente en el caso de la normativa ambiental, que, bien diseñada y aplicada, no solo en sus estándares sino especialmente en sus procedimientos, tanto por el Estado como por las empresas, es más bien un factor favorable para la inserción virtuosa o menos conflictiva de las empresas en su entorno y para su imagen nacional e internacional, así como indispensable para proteger a poblaciones de daños evitables y compensar adecuadamente los inevitables.

Me parece que la continuidad del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, si dura en el cargo, es un indicador –ojalá- de que desde el Gobierno se mantendrá un cierto nivel de protección, como contrapeso, claramente insuficiente, pero importante.

Es urgente para el interés social y de las propias empresas socialmente responsables, en el marco de una regulación razonable, con estándares exigentes, pero realistas, que las instancias ya existentes de prevención de daños ambientales y maltratos a poblaciones tengan una mayor eficiencia, capacidad de cobertura y celeridad, con un control adecuado, que además nivele la cancha para todas las empresas.
Un criterio básico debería ser el facilitar la inversión y funcionamiento de las empresas más serias y dificultar el de las más irresponsables, rentistas y corruptoras.

Vistazo al Perú, julio 2014 (1)

Ahora que radico en Santiago de Chile, por razones familiares y de salud, hago ocasionales viajes de unas dos semanas a Lima, también por añoranza, y trato de compenetrarme lo más posible con la evolución de nuestro país, a través de intensas lecturas periodísticas, intercambios con amistades, conversaciones con taxistas, observaciones y vivencias. El último, hace unas semanas.

En mi faceta de analista quiero expresar lo que ese vistazo me ha permitido entender, ojalá adecuadamente. Y dejar sentada mi posición ciudadana y política no partidista en algunos temas controversiales, también para clarificármela –siempre dispuesto a rectificar ante nuevas evidencias y argumentos.

He esperado contar con el probable cambio de gabinete, que se adelantó, y el discurso presidencial del 28, así como las primeras reacciones ante éste, para completar mi imagen actual.

Resumo mis impresiones en que, a pesar de terribles deficiencias y retrocesos, seguimos teniendo motivos para un optimismo (muy) moderado respecto de la posibilidad de seguir construyendo un Perú mejor para todos, a pesar de que, exagerando poco, la escena política es espantosa –que recuerda a González Prada, la pus-; la estatal, lamentable; la económica, solo moderadamente satisfactoria gracias a la política macroeconómica; la social, muy preocupante; la cultural, limitada. Pero en todas las áreas hay síntomas de cambios que, de no traernos abajo el precario andamiaje de nuestro sistema económico y político, de no perder el equilibrio en nuestra cuerda floja, nos dan perspectiva y nos ayudan a mejorar.

Lo más negativo: La clase política es, por lo general, de una mediocridad preocupante, en gran parte sin vocación de servicio público, y, por decirlo eufemísticamente, de muy bajos estándares éticos, con predominancia del afán de poder, de la codicia y del parasitismo; entre nuestras autoridades estatales, a todo nivel, sobresalen los más corruptos e ineptos, y el aparato estatal es principalmente disfuncional, también por ineptitud, insuficiente calificación e inestabilidad, cuando no perverso, a pesar de los esfuerzos de mucha gente proba y esforzada en su seno; la confianza de la ciudadanía en las autoridades e instituciones está por los suelos; nuestro sistema educativo es, en promedio, de una calidad deplorable, a todo nivel. Nuestra sociedad sigue siendo muy desigual y discriminadora, también lastrada por diversas lacras en todos sus niveles. La institucionalidad social está en general poco desarrollada, con muchas disfuncionalidades. Los partidos son, en su mayoría, de caudillos y efímeros, y los pocos estables languidecen.

En nuestro mundo empresarial, que enfrenta por cierto escenarios muy complicados, todavía predominan, a toda escala, concepciones socialmente poco o no responsables y un afán de lucro desmedido, y mucha corrupción activa o al menos pasiva; en el marco, en general de una inmisericorde lucha por la sobrevivencia, en la que la mayoría sucumbe, muchos a pesar de gran esfuerzo. El tráfico en Lima es caótico y se impone desde el Gobierno –repetición del “error” de García con la primera línea- la construcción inmediata de un costosísimo ramal de metro –sistema importante a mediano plazo- en la ruta de menor demanda de las previstas (en vez de generalizar primero el eficiente Metropolitano a toda la metrópolis, con una inversión de la cuarta parte). Nuestro sistema judicial está en gran parte putrefacto, las fuerzas armadas no destacan por calidad profesional y honradez, la policía está corroída y desmoralizada y la criminalidad continúa en aumento y con organizaciones más peligrosas. En la Iglesia Católica sigue teniendo un peso gravitante el cardenal Cipriani. Y un largo etcétera en la misma tonalidad. Es como para deprimirse –lo que no nos debemos permitir.

Estamos en muchos aspectos en un plano inclinado descendente, ojalá no cerca de un abismo, lo que tiene que ser revertido con urgencia, con inteligencia, con realismo, con dedicación y con responsabilidad. Otra manera de verlo es la de un vehículo que avanza con los frenos puestos y pisando a cada rato el embrague, sin lograr pasar de segunda.

Para contribuir al fomento de nuestro optimismo -realista-, he tratado de hacer un balance equilibrado de algunos cambios importantes observados y me he hecho también una no exhaustiva lista de hechos esperanzadores, con un orden algo arbitrario, pensando especialmente en quienes, entre mis amistades y lectores, ven solo el vaso medio vacío –o más propiamente, tres cuartos vacío y no un cuarto lleno; convencido de que, siendo necesarias las denuncias y los castigos, sociales y judiciales, es aún más importante estimular las acciones y tendencias positivas que permitirán, de manera paulatina, en general más bien silenciosa y con ocasional fulgor, generar el tejido social, las ideas y las capacidades que posibilitarán saltos cualitativos, menores y mayores, en todos los ámbitos.

De lo observado, lo más importante es que Humala –en tándem con Heredia-, a pesar de todas sus enormes limitaciones y errores, no se ha traído abajo nuestro con razón criticado y vapuleado pero necesario “sistema”, en cierto grado democrático, que, con presiones adecuadas, tiene capacidad de evolución lenta, y es bastante menos malo que un régimen dictatorial y el caos.

Algunas amistades me lo critican, pero yo, a la vez que buscando mejoras y cambios profundos, el bien mayor, valoro en situaciones concretas el mal menor, sabiendo que es más fácil que se vacíe el vaso a que se llene. Hace décadas he superado la idea idealista pero errónea de mi juventud, de que la antagonización y extremar el conflicto llevan inevitablemente a un sistema superior.

Seguramente hay cosas que han escapado a mi radar o a los que he prestado insuficiente atención, y obviamente puedo estar equivocado en muchos aspectos, pero espero que lo señalado contribuya a la discusión nacional sobre nuestra situación y perspectivas, y quizá ayude a algunas personas de otros países a comprender mejor lo que está pasando en nuestro país.

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