Elecciones en regiones, Perú 2014
Las recientes elecciones en regiones y
municipalidades han reactivado la alarma de analistas y políticos serios sobre
la pésima salud de nuestra democracia, felizmente sin amenazas externas
inminentes. No diré nada nuevo, pero dejaré sentadas mis opiniones para aportar
al debate democrático que necesitamos intensificar.
He tomado como referencia los artículos de varios analistas,
en particular la notable columna de mi amigo Carlos Basombrío, en Perú21, con
quien coincido en gran medida, con algunas discrepancias.
Para alguien no familiarizado con nuestra triste historia
política debe parecer muy extraño que sean candidatos exitosos -o tan apoyados-
personas que o están presas u oficialmente acusadas por delitos graves de
corrupción y malversación de recursos estatales, entre otros -claro que es
posible y hasta probable que algunas sean víctimas de calumnias y acusaciones
falsas; que en muchos lugares, no solo Lima, hay más de una decena de
candidatos por el mismo cargo; que muchísimos son caudillos locales o
regionales sin ningún antecedente de servicio público, ni experiencia de
gestión estatal, ni activismo político serio, muchos con evidente voluntad de
usufructo personal o grupal; que los partidos políticos nacionales brillan en
general por su ausencia o insignificancia, síntoma de su descomposición; que campea
descaradamente el dinero sucio en muchas campañas, frecuentemente con
organizaciones delictivas asociadas a los candidatos; y que destacan casos de
aprovechamiento político electoral de entidades de servicio público, como
universidades.
No hay nadie sin aspectos de sombra, pero es terrible cuando
la sombra oscurece a todo el personaje y peor cuando este tiene
responsabilidades públicas.
Es cierto que esto último ha habido y en parte sigue
habiendo en casos como de las mafias italianas o norteamericanas, en algunas
regiones y hasta altas esferas gubernamentales, y en muchos países
latinoamericanos, pero parece que estamos llegando a extremos de generalización
de todas estas características –felizmente con esperanzadoras excepciones a
todo nivel, también en algunos gobiernos regionales.
Es también preocupante la gran acogida de algunos candidatos
con posiciones antisistema, en especial contrarios a las grandes inversiones
mineras que el país necesita, a pesar de los problemas que causan a su entorno
social y ambientalmente –que deben ser debidamente previstos, minimizados y
compensados. En eso tienen responsabilidad tanto los movimientos anti y las
fuerzas políticas más sensatas, como el Estado y las propias empresas que
muchas veces han sido negligentes respecto de su responsabilidad social y
ambiental.
Además del catastrófico sistema judicial y del mal sistema
educativo, esto es favorecido tanto por desconocimiento y falta de compromiso
político de los votantes como por el sistema político imperante, que incluye en
varias regiones un número excesivo de provincias y, en general, de distritos
con poca densidad poblacional y de tejido productivo; una legislación laxa que
no exige mínimos adecuados de organización, militancia oficialmente registrada
y activa, funcionamiento democrático, primarias vinculantes y supervisadas, control
de aportes a las campañas y rendición de cuentas de los partidos nacionales, así
como normatividad casi nula para movimientos o partidos subnacionales, casi
nada de transparencia y un sistema de control nacional absolutamente
insuficiente para su tarea.
Las deficiencias principales indican claramente en qué
sentido diseñar las soluciones. Pero también creo que es muy difícil que todo
esto cambie, en un plazo previsible, porque quienes tendrían que aprobarlo
están entre los más interesados de mantenerlo. Pero además, porque faltan
capacidades y masa crítica para hacerlo bien, y porque algunos cambios
requerirían de un gobierno muy fuerte, ahora inconcebible en una forma democráticamente
aceptable, ya que ocasionarían fuertes y violentos movimientos de resistencia
de todo tipo. Aparte de ser inciertos los resultados, el costo político sería
tan alto que seguramente superaría ampliamente los beneficios.
Esto vale en particular para la propuesta de reducir a un
tercio el número de regiones, provincias y distritos. En el caso de las
regiones la existencia de una región enana y de tres regiones quizá demasiado
pequeñas es un elemento poco significativo y en el de las provincias es un problema
de varias, pero no de todas las regiones.
Coincido en que sería saludable generar incentivos
económicos para la fusión de circunscripciones territoriales, pero aún más para
su agrupación voluntaria como la que se está dando en la forma de mancomunidades
distritales.
Creo que sería positiva la eliminación del voto preferencial
(que inicialmente me pareció un avance democrático), no así la del voto
obligatorio, considerando que el voto voluntario tiende a favorecer la
polarización, especialmente peligrosa en democracias frágiles; que es más fácil
impedir que gente vote que lograr que vote; y que el voto obligatorio es de
todos modos un pequeño incentivo para la ciudadanía a involucrarse en la
política y para los candidatos y autoridades para tener en cuenta al conjunto
de la población.
Estoy de acuerdo que, a grandes problemas, grandes
soluciones. Pero, en dosis tolerables por los pacientes. En general, ante una
multitud de problemas, considero preferible abordar primero los más graves con
certeza de tener soluciones adecuadas y que conciten consensos amplios, y por
lo tanto solubles sin una resistencia demasiado fuerte; y que los intentos de
solución sean precedidos por una acumulación de fuerzas intelectual, social y
política a su favor.
Para terminar, toco el tema de Gregorio Santos, reelegido
presidente regional de Cajamarca. Él expresa un sentimiento profundo y masivo
de protesta ante problemas reales causados anteriormente por la gran minería y
ante problemas imaginarios o solubles construidos por sus opositores, con
complicidad de un Estado inepto –coronada por la detención que lo convirtió en
víctima-, y la convicción de muchos cajamarquinos serios de que la mayoría de
las acusaciones son infundadas o se refieren a faltas menores. No sé si eso es
cierto. En todo caso su desempeño, siendo muy negativo para su región, no tiene
comparación ética con el integralmente delictivo del anterior presidente de
Ancash. También en los delitos hay gradaciones y diferentes tipos y duraciones
de penas. Son también muy preocupantes las altas votaciones de antimineros en
Puno, Apurímac y Moquegua. Otras, por otras razones.
Debe ser aclarado que si bien Santos tiene vínculos con
Patria Roja y ha sido apoyado por ésta en la región, su dirigencia nacional tiene
una posición diferente frente a las grandes minas, probablemente influida por
ser algunas ahora de propiedad de empresas estatales chinas.
