Tendiendo puentes

Elecciones en regiones, Perú 2014

Las recientes elecciones en regiones y municipalidades han reactivado la alarma de analistas y políticos serios sobre la pésima salud de nuestra democracia, felizmente sin amenazas externas inminentes. No diré nada nuevo, pero dejaré sentadas mis opiniones para aportar al debate democrático que necesitamos intensificar.

He tomado como referencia los artículos de varios analistas, en particular la notable columna de mi amigo Carlos Basombrío, en Perú21, con quien coincido en gran medida, con algunas discrepancias.

Para alguien no familiarizado con nuestra triste historia política debe parecer muy extraño que sean candidatos exitosos -o tan apoyados- personas que o están presas u oficialmente acusadas por delitos graves de corrupción y malversación de recursos estatales, entre otros -claro que es posible y hasta probable que algunas sean víctimas de calumnias y acusaciones falsas; que en muchos lugares, no solo Lima, hay más de una decena de candidatos por el mismo cargo; que muchísimos son caudillos locales o regionales sin ningún antecedente de servicio público, ni experiencia de gestión estatal, ni activismo político serio, muchos con evidente voluntad de usufructo personal o grupal; que los partidos políticos nacionales brillan en general por su ausencia o insignificancia, síntoma de su descomposición; que campea descaradamente el dinero sucio en muchas campañas, frecuentemente con organizaciones delictivas asociadas a los candidatos; y que destacan casos de aprovechamiento político electoral de entidades de servicio público, como universidades.

No hay nadie sin aspectos de sombra, pero es terrible cuando la sombra oscurece a todo el personaje y peor cuando este tiene responsabilidades públicas.

Es cierto que esto último ha habido y en parte sigue habiendo en casos como de las mafias italianas o norteamericanas, en algunas regiones y hasta altas esferas gubernamentales, y en muchos países latinoamericanos, pero parece que estamos llegando a extremos de generalización de todas estas características –felizmente con esperanzadoras excepciones a todo nivel, también en algunos gobiernos regionales.

Es también preocupante la gran acogida de algunos candidatos con posiciones antisistema, en especial contrarios a las grandes inversiones mineras que el país necesita, a pesar de los problemas que causan a su entorno social y ambientalmente –que deben ser debidamente previstos, minimizados y compensados. En eso tienen responsabilidad tanto los movimientos anti y las fuerzas políticas más sensatas, como el Estado y las propias empresas que muchas veces han sido negligentes respecto de su responsabilidad social y ambiental.

Además del catastrófico sistema judicial y del mal sistema educativo, esto es favorecido tanto por desconocimiento y falta de compromiso político de los votantes como por el sistema político imperante, que incluye en varias regiones un número excesivo de provincias y, en general, de distritos con poca densidad poblacional y de tejido productivo; una legislación laxa que no exige mínimos adecuados de organización, militancia oficialmente registrada y activa, funcionamiento democrático, primarias vinculantes y supervisadas, control de aportes a las campañas y rendición de cuentas de los partidos nacionales, así como normatividad casi nula para movimientos o partidos subnacionales, casi nada de transparencia y un sistema de control nacional absolutamente insuficiente para su tarea.

Las deficiencias principales indican claramente en qué sentido diseñar las soluciones. Pero también creo que es muy difícil que todo esto cambie, en un plazo previsible, porque quienes tendrían que aprobarlo están entre los más interesados de mantenerlo. Pero además, porque faltan capacidades y masa crítica para hacerlo bien, y porque algunos cambios requerirían de un gobierno muy fuerte, ahora inconcebible en una forma democráticamente aceptable, ya que ocasionarían fuertes y violentos movimientos de resistencia de todo tipo. Aparte de ser inciertos los resultados, el costo político sería tan alto que seguramente superaría ampliamente los beneficios.

Esto vale en particular para la propuesta de reducir a un tercio el número de regiones, provincias y distritos. En el caso de las regiones la existencia de una región enana y de tres regiones quizá demasiado pequeñas es un elemento poco significativo y en el de las provincias es un problema de varias, pero no de todas las regiones.

Coincido en que sería saludable generar incentivos económicos para la fusión de circunscripciones territoriales, pero aún más para su agrupación voluntaria como la que se está dando en la forma de mancomunidades distritales.

Creo que sería positiva la eliminación del voto preferencial (que inicialmente me pareció un avance democrático), no así la del voto obligatorio, considerando que el voto voluntario tiende a favorecer la polarización, especialmente peligrosa en democracias frágiles; que es más fácil impedir que gente vote que lograr que vote; y que el voto obligatorio es de todos modos un pequeño incentivo para la ciudadanía a involucrarse en la política y para los candidatos y autoridades para tener en cuenta al conjunto de la población.

Estoy de acuerdo que, a grandes problemas, grandes soluciones. Pero, en dosis tolerables por los pacientes. En general, ante una multitud de problemas, considero preferible abordar primero los más graves con certeza de tener soluciones adecuadas y que conciten consensos amplios, y por lo tanto solubles sin una resistencia demasiado fuerte; y que los intentos de solución sean precedidos por una acumulación de fuerzas intelectual, social y política a su favor.

Para terminar, toco el tema de Gregorio Santos, reelegido presidente regional de Cajamarca. Él expresa un sentimiento profundo y masivo de protesta ante problemas reales causados anteriormente por la gran minería y ante problemas imaginarios o solubles construidos por sus opositores, con complicidad de un Estado inepto –coronada por la detención que lo convirtió en víctima-, y la convicción de muchos cajamarquinos serios de que la mayoría de las acusaciones son infundadas o se refieren a faltas menores. No sé si eso es cierto. En todo caso su desempeño, siendo muy negativo para su región, no tiene comparación ética con el integralmente delictivo del anterior presidente de Ancash. También en los delitos hay gradaciones y diferentes tipos y duraciones de penas. Son también muy preocupantes las altas votaciones de antimineros en Puno, Apurímac y Moquegua. Otras, por otras razones.

Debe ser aclarado que si bien Santos tiene vínculos con Patria Roja y ha sido apoyado por ésta en la región, su dirigencia nacional tiene una posición diferente frente a las grandes minas, probablemente influida por ser algunas ahora de propiedad de empresas estatales chinas.