Vistazo al Perú, julio 2014 (5)

El Estado, sus sombras y sus luces (a)

Es evidente que tenemos demasiado Estado en cuanto lo que realmente aporta a un mejor funcionamiento de nuestra sociedad, pero también demasiado poco Estado con relación a tareas importantes que no aborda o hace mal. En otras palabras, sobra Estado de mala calidad y falta Estado de buena calidad.

Eso no lo obtendremos por alguna ley milagrosa y en un corto plazo, pero debemos aspirar a lograrlo progresivamente, a partir de una voluntad política en ese sentido y de una política de Estado que lleve a reformas profundas y sostenidas que lo vayan revolucionando para bien. Eso requiere partidos políticos que lo asuman y una revaloración del servicio público de parte de las personas de mayores calificaciones así como respeto por la continuidad de los programas del Estado y de los funcionarios capaces en todos los puestos de dirección. Algo por ahora tan utópico como indispensable. Por lo tanto, requiere que la sociedad civil vaya evolucionando positivamente, lo exija y esté dispuesta a apoyarlo. Y eso está dándose poco a poco.

A pesar de enormes deficiencias, algo de eso tenemos en nuestros ministerios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, en algunas entidades como el Banco Central de Reserva, superintendencias y Defensoría del Pueblo, y en varios otros segmentos del aparato estatal. También en algunos promisorios desarrollos en nuestra sociedad.

La Ley Servir, del Servicio Civil, de 2013, que empieza a ponerse en práctica, parece corresponder en cierto grado a ese objetivo, a través de la mejora del nivel de los funcionarios públicos y de los mecanismos de acceso y promoción. No puedo pronunciarme sobre sus carácterísticas.

La mala calidad del Estado central, a pesar de algunos ministros y muchos funcionarios bien intencionados y con cierta capacidad, se siente y percibe más en tres sectores claves.

La salud y la educación públicas parecen seguir en un proceso de continuo deterioro, frente a sus vertientes privadas más interesadas en ganancias rápidas que en brindar un servicio de calidad (claro que con excepciones). La situación de seguridad sigue empeorando y hay el riesgo real de llegar a tener un Estado mafioso.

Un símbolo de ese proceso de corrupción institucional, con enormes ramificaciones, parece ser Rodolfo Orellana, a la vez que evidencia de que todavía hay fuerzas capaces de ofrecer una resistencia efectiva. Hay un movimiento anticorrupción fuera, pero también dentro del Estado, débil, pero notable, con apoyo –selectivo- de algunos órganos de prensa, que hace concebible que podamos contener y quizá hacer retroceder a ese cáncer que nos corroe.

En el caso de la seguridad es inexplicable –en realidad muy explicable por ineficiencia, dejadez y corrupción- que en muchas comisarías haya condiciones materiales insuficientes o deplorables, que se vayan generalizando y agravando los casos de extorsión a empresarios, simplemente con amenazas o a cambio de la protección que la policía no les puede ofrecer, y se multipliquen policías cómplices de bandas criminales y hasta sicarios, por poner solo tres ejemplos, también ampliamente representados en Lima.

La Municipalidad de Lima Metropolitana tiene algunos planes positivos, ambiciosos, pero corren el riesgo de no ser llevados a cabo por la falta de una política amplia de concertación entre todas o la mayoría de fuerzas políticas. Y las próximas elecciones ofrecen la perspectiva desoladora de tener que escoger un mal menor, cuando sería de esperar que también en la capital comenzara una tendencia a la regeneración de la política también en el plano electoral.

Vistazo al Perú, julio 2014 (4)

Seguridad ciudadana

No parece haber sido adecuado el cambio del ministro del Interior, Walter Albán, por lo menos honesto y con planes concretos positivos. Su reemplazo por el general retirado Urresti, del Ejército, increíblemente -en realidad muy creíblemente-, se debería a haber resultado incómodo a la minería ilegal –nefasta, grande y poderosa, en la selva de Madre de Dios-, que ha amenazado con dar a conocer su financiamiento a partidos, también del Gobierno. Su acción como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, importantísimo por su título, la había reducido a hostigar a la minería ilegal de esa región y a dinamitar parte de su maquinaria, algo positivo, pero con bombos y platillos que -como señaló Fernando Rospigliosi-, ocultaban la negligencia de todas sus demás responsabilidades.

Esto hace temer que la fanfarria inicial, desautorizadora de todos los ministros que lo antecedieron, pueda obviar lo más importante, la lucha contra la corrupción en la policía y el fin del sistema 24x24 –previsto para julio-, para lograr la dedicación exclusiva de los policías. El sistema 24 horas de servicio por 24 de franco, muy mal pagadas, reduce la disponibilidad real de efectivos y, junto con sus bajos sueldos, los induce a ocupar su descanso en empleos como seguridad para empresas y personas. Carlos Basombrío percibe una mezcla de ingenuidad y soberbia –si se supone la mejor voluntad.

Teniendo un juicio pendiente por el asesinato de un periodista en Ayacucho, aunque vale la presunción de inocencia como individuo, no es una situación adecuada para un alto funcionario público, más aún en esa cartera. Pero no sé si es atinado defenestrarlo ahora, cuando al menos ha hecho reconocimiento oficial de la criminalidad común, ha asumido liderazgo y evidenciado sentido común, como señaló Gino Costa ante su investidura, y el proceso judicial puede esperar hasta que salga del cargo –seguramente al cumplir los seis meses de duración promedio, si no ha pisado demasiados callos antes. Sus explicaciones son plausibles, claro que no sabemos si ciertas.

La lectura del pronunciamiento del Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, integrado por Basombrío, Rospigliosi, Costa y otros destacados expertos en el tema, me lleva a rectificar la opinión precedente, en el sentido de considerar insostenible su permanencia en el cargo.

Nota: A pedido de varios suscriptores, para facilitar su lectura en dispositivos móviles, estoy limitando la extensión de mis artículos –lo que aumenta su número.

Vistazo al Perú, julio 2014 (3)

Es de esperar que las medidas tomadas en la reciente legislación económica y las anunciadas faciliten también la progresiva formalización de empresas, siempre que se elimine los trámites que realmente son inútiles, absurdos o contraproducentes y favorecedores de corrupción –muchas municipalidades se llevan en eso las palmas- y se mejore los criterios y la eficacia de los encargados del cumplimiento de las exigencias positivas. Esto exige un tratamiento adecuado a quienes están avanzando en formalizarse pero aún no cumplen todas las formalidades.

Parece correcto no vincular los ingresos de las entidades de supervisión a los montos recaudados por multas, lo que favorece una dinámica perversa y, al menos, suspicacias. Supongo que la obligatoriedad de bancarización es un avance. Pero me temo que la condonación de deudas tributarias no beneficiará solo a quienes no pueden pagarlas sin riesgo de quiebra.

En principio soy partidario de una reglamentación más flexible del mercado laboral, siempre que respete de manera equilibrada los intereses de los trabajadores y de las empresas, lo que exige la mayor libertad de sindicalización y el respeto a los derechos que favorecen a los trabajadores, y que las autoridades de Trabajo efectivamente logren garantizar o al menos propiciar eso.

Personalmente destaco la continuidad en el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas – en otros países, de Hacienda), un clarísimo mal menor, así como la opción por la Alianza del Pacífico, resistiendo a la tentación de los cantos de sirena bolivarianos; una cierta apertura a lo ambiental, una buena cantidad de ministros responsables en diversas áreas, lamentablemente efímeros.

Pero también el mal desempeño del Gobierno en materia de delincuencia y corrupción, su debilidad ante presiones empresariales negativas y la inconsistencia de muchas iniciativas, por mencionar solo lo más saltante. Sospecho que Heredia, a pesar de sus defectos y ansias de poder, ha sido al menos un positivo contrapeso a las limitaciones de su esposo, en que pesa demasiado la formación militar y subyace la deformación inducida por su padre, que lo llevan a privilegiar a militares, no exentos de sospechas, y priorizar el control del Ejército como base de poder.

Considero positiva la relación con el Programa País de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económicos), de 34 países, inicialmente Canadá, Estados Unidos y Europa occidental, que en América Latina ya incluye a México y Chile, con Colombia en negociaciones y Costa Rica como próximo candidato, es decir, nuestros aliados en la Alianza del Pacífico. La invitación a ser país observador, con perspectiva de inclusión, aunque improbable de alcanzar en un plazo cercano, tiene el mérito de comenzar a medir nuestro desempeño económico y en muchos otros aspectos, particularmente educación y ambiente, con sus estándares, que, siendo discutibles, y que tienen que ser adaptados a nuestra realidad, son indudablemente una referente de comparación mayor para nuestros políticos y nuestras empresas, algo no muy potente, pero básicamente positivo. En Chile el impacto es claramente favorable.

Es muy significativa la adquisición de la mina cuprífera Las Bambas, en Apurímac, acaso la mayor inversión minera china en el mundo (después de haber adquirido otras minas grandes de menor tamaño, incluso en Cajamarca), que, junto con el incremento del intercambio comercial y el anuncio del financiamiento del ferrocarril interoceánico desde Brasil indican claramente el interés de China de asegurarse fuentes de materias primas así como sus proyecciones geoestratégicas de largo plazo, como complemento a su priorización del eje bolivariano. Lo triste es que reemplace a una compañía minera, XStrata Copper, anglo-suiza, ahora fusionada con la también anglo-suiza Glencore, con más elevados estándares de responsabilidad social y ambiental (aunque no sin defectos).

Nos conviene aprovechar el interés de China, cuidando de no caer en la tentación de un alineamiento político contra el eje EEUU-Europa, cada vez menos imperial y considerablemente más democrático e interesado en promover la democracia a nivel internacional –con lamentables traspiés por cierto.

Grafica la crisis endémica del Gobierno, salvo del MEF, y su gran disfuncionalidad, la frase del ahora ex Premier René Cornejo, recogida por Augusto Álvarez Rodrich, “Hay permanentemente un trabajo con los ministros para ver el mejor momento para que puedan dejar la cartera”, ¿para poder obsequiar con ella a otra persona? En ese trabajo sí son eficaces –aunque no para intuir su propia caída. Todo indica que el principal actor desestabilizador es la primera dama.

La destitución de Cornejo es positiva, aparte de inevitable ante el -relativamente pequeño- escándalo suscitado. Provoca dudas su reemplazo por Ana Jara, estrecha aliada de Heredia, y es claramente negativa la elección de Ana Solórzano en la presidencia del Congreso (a pesar de ser positivo que dos mujeres ocupen simultáneamente y por primera vez ambos cargos). También en Chile por primera vez una mujer, Isabel Allende (no la novelista) ocupa la presidencia del Senado.

En este caso Heredia está por ahora haciendo lo contrario de lo que le recomienda Alfredo Torres en un reciente artículo en El Comercio: para tener una menos frágil mayoría, una alianza con Keiko, ya que ambas, por su edad, pueden mirar el largo plazo en sus aspiraciones a la presidencia. El problema es, al menos, que es Keiko Fujimori, y su padre tiene una aspiración de corto plazo.

Concuerdo con Torres en que sería positivo para el país si ellas se pusieran de acuerdo al menos en dos puntos mínimos: Respecto de la regionalización, prohibir la reelección inmediata; respecto de la ley de partidos, eliminar el voto preferencial (aunque inicialmente yo lo consideraba positivo) y forzar una democracia interna, haciendo obligatorias primarias internas para la elección de candidatos, organizadas por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), con padrones del Reniec (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil) con la supervisión del JNE (Jurado Nacional de Elecciones). Menuda tarea, pero importante para nuestra democracia y para la lucha contra la corrupción.

Vistazo al Perú, julio 2014 (2)

Matizando mi algo lúgubre introducción, cuando hablo de abismo -algo que no nos espera si actuamos mejor-, nos miro en el espejo de otros países, con evoluciones diferentes, pero no imposibles de imitar -sin querer queriendo- de parte de diversos actores: la terrible espiral de violencia en partes de Centroamérica, el progresivo descalabro y polarización creciente de Venezuela, la lenta decadencia de Argentina, el autoritarismo en Ecuador, por referirme solo a nuestro continente.

Felizmente tenemos fortalezas para la resistencia y regeneración frente a los males que he señalado: Somos una sociedad que evidencia optimismo ante las adversidades, un pueblo acostumbrado a resistir grandes males y a salir adelante, sobreviviente de la insanía terrorista y la represión estatal, así como del desastre del primer gobierno de García –vivido, o escuchado de padres y abuelos, con mucho empuje e inventiva, con bastante solidaridad y sentido de comunidad, con cariño hacia la infancia y la vejez, con enorme disposición y capacidad de ahorro -entre las más altas del mundo, como nos acaba de recordar Richard Webb en un artículo en Lampadia-, no mucho en el sistema financiero, pero sí en la progresiva autoconstrucción y mejora de viviendas, así como en la capitalización de sus negocios con mercadería, máquinas y vehículos de trabajo, en las ciudades y cada vez más también en zonas rurales. Todo esto parte de la cara positiva de la informalidad total o parcial.

En Lima me llama siempre la atención la mayor amabilidad de la gente, con una elevada proporción capaz de responder una sonrisa o hacer un gesto ante una disculpa por un roce involuntario –en supermercado o en la calle- o ceder su asiento a una persona de edad. Y la frecuente atención preferencial a la Tercera Edad y mujeres embarazadas.

Nuestra capacidad de indignación y de protesta, aunque algo aletargada, está vigente, y tenemos que estimularla, orientarla y encauzarla, junto con el desarrollo de alternativas y ejemplos desde todas las esferas de actividad, como individuos, como instituciones y como colectivos, apoyando las tendencias señaladas.

Si bien tenemos mucho más leyes de lo necesario y cumplible –siendo las necesarias de mala calidad-, y un afán poco racional de tratar de resolver cosas con más leyes, hay alguna legislación reciente –necesaria-, más positiva que negativa, a pesar de graves limitaciones. Los cambios últimos más importantes son la legislación económica y la reforma universitaria, que tocaré más adelante.

El paquete de reactivación económica, que incluso corrige leyes recientes, aunque tardío, como de costumbre –ante la evidencia de una reducción de las exportaciones y una desaceleración del crecimiento, principalmente por los cambios en el mercado internacional y por la postergación de grandes inversiones (en parte también por condiciones internas)-, responde a la real necesidad de eliminar trabas contraproducentes a la inversión y al desarrollo económico –la llamada tramitología. Es cierto que a todo nivel del Estado (aunque también, en menor medida, en empresas privadas), hay normativas, exigencias, incumplimientos y maltratos que afectan no solo a los ciudadanos sino también a las empresas, e incluso a otras instancias del Estado.

Es evidente que en un país con alta fragilidad institucional una mayor desaceleración, que desemboque en una crisis económica, podría poner en riesgo mucho de lo avanzado, incluido todo el sistema mal que bien democrático y el sumamente deficiente Estado de derecho.

Lamentablemente el cambio legislativo cede también ante exigencias desde el sector privado de eliminar requisitos y procedimientos que sí son importantes para un desarrollo más sostenible, de protección efectiva del medio ambiente y de derechos de la población, con frecuencia incumplidos, sea deliberadamente -por codicia y/o desprecio clasista y racista de quienes mandan-, sea por limitaciones, errores o intereses propios de los funcionarios encargados. La empresa privada, no por serlo, ni por ser grande, ni por ser transnacional, está exenta de ineptitud e ineficacia, al menos en sus formas de miopía y de laxitud, y en muchos casos el afán de ganancias exageradas y rápidas –propio o de los accionistas- subordina todo lo demás. El alargamiento de muchos trámites se debe también a deficiencias, con frecuencia muy serias, y a veces deliberadas, en los proyectos y estudios entregados por las empresas.

Esto es especialmente evidente en el caso de la normativa ambiental, que, bien diseñada y aplicada, no solo en sus estándares sino especialmente en sus procedimientos, tanto por el Estado como por las empresas, es más bien un factor favorable para la inserción virtuosa o menos conflictiva de las empresas en su entorno y para su imagen nacional e internacional, así como indispensable para proteger a poblaciones de daños evitables y compensar adecuadamente los inevitables.

Me parece que la continuidad del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, si dura en el cargo, es un indicador –ojalá- de que desde el Gobierno se mantendrá un cierto nivel de protección, como contrapeso, claramente insuficiente, pero importante.

Es urgente para el interés social y de las propias empresas socialmente responsables, en el marco de una regulación razonable, con estándares exigentes, pero realistas, que las instancias ya existentes de prevención de daños ambientales y maltratos a poblaciones tengan una mayor eficiencia, capacidad de cobertura y celeridad, con un control adecuado, que además nivele la cancha para todas las empresas.
Un criterio básico debería ser el facilitar la inversión y funcionamiento de las empresas más serias y dificultar el de las más irresponsables, rentistas y corruptoras.